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Mecanismo de Defensa para las Empresas "EL COMPLIANCE PENAL"

El Programa de Prevención de Riesgos Penales o comúnmente conocido como Compliance Penal es la respuesta que surge en el ámbito empresarial a la reforma operada por  L.O. 5/2010, de 23 de junio, de modificación del Código Penal, que, abandonando el viejo aforismo latino Societas delinquere non potest (las sociedades no pueden delinquir) incorpora la responsabilidad penal de la empresa por los delitos cometidos por sus directivos y empleados.

Con carácter general, el denominado Compliance Penal se puede definir como el documento empresarial de carácter interno cuyo objetivo es exonerar o mitigar, según los casos, la responsabilidad penal de la empresa por los delitos cometidos en el seno de su actividad laboral y con beneficio de esta por sus directivos y empleados.

Establece el artículo 5 del Código Penal que "no hay pena sin dolo o imprudencia", principio de culpabilidad que debe regir también en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de manera que la persona jurídica no puede responder penalmente per se de manera automática por la conducta de la persona física autora del hecho punible (por mucho que ésta sea un empleado o, incluso, un administrador de aquélla), sino que únicamente responderá de aquellos supuestos en los que le imputable la responsabilidad por mediar culpa o negligencia.

Así, y de acuerdo con lo establecido, en el nuevo art. 31 bis CP, y siempre bajo el prisma del principio de culpabilidad, la persona jurídica responderá penalmente en dos supuestos:

  • Por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la persona jurídica, y en su provecho, por sus legales representantes y administradores de hecho o de derecho.
  • Por los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de la persona jurídica, por quienes, estando sometidos a la autoridad de sus legales representantes o administradores de hecho o de derecho, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso.

De igual modo, conviene reseñar que no todos los delitos del CP pueden ser cometidos de forma efectiva por las mercantiles. Únicamente podrán ser objeto de responsabilidad penal las mercantiles por los siguientes delitos:

  • delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis CP)
  • delito de trata de seres humanos (art. 177 bis CP)
  • delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores (arts. 187 a 189 CP)
  • delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP)
  • delitos de estafa (arts. 248 a 251 CP)
  • delitos de insolvencia punible (arts. 257 a 261 CP)
  • delito de daños informáticos (art. 264 CP)
  • delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (arts. 270 a 288 CP)
  • delito de blanqueo de capitales (art. 302 CP)
  • delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 CP)
  • delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (art. 318 bis CP)
  • delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319 CP)
  • delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325 CP)
  • delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos (art. 328 CP)
  • delito relativo a las radiaciones ionizantes (art. 343 CP)
  • delito de estragos (art. 348 CP)
  • delitos de tráfico de drogas (arts. 368 y 369 CP)
  • delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP)
  • delitos de cohecho (arts. 419 a 427 CP)
  • delitos de tráfico de influencias (arts. 428 a 430 CP)
  • delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 445 CP)
  • delito de captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis CP).

Con carácter general referir que las penas que se pueden imponer a las personas jurídicas son siete de acuerdo con lo previsto en el nuevo apartado 7 del art. 33 CP, y son:

a) multa, por cuotas o proporcional;

b) disolución de la persona jurídica;

c) suspensión de las actividades;

d) clausura de los locales y establecimientos;

e) prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito;

f) inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social;

g) intervención judicial.

                                                                             ARAY Asociados en Onda 0 Alicante: goo.gl/mEB9TV